La lucha por el poder deportivo en la Argentina entre el Automóvil Club Argentino y la Asociación Corredores Turismo Carretera no tiene respiro. Tal es así que la ACTC estaría moviendo cielo y tierra para que sus actividades cuenten con el respaldo de una ley nacional, cosa que en la actualidad no sucede.
Cuando se desató el conflicto entre ambas entidades a fines del año pasado, la entidad teceísta comunicó que su fiscalización tenía el respaldo de la Ley Nº 24.052 de 1991, que reconocía al ACA, a la ACTC y la Federación Argentina de Motociclismo como entes fiscalizadores en todo el territorio argentino.
Aludiendo a esa ley, la ACTC recibió con los brazos abiertos al Turismo Nacional y el Turismo Pista, que decidieron irse del ACA con un portazo. Pero la jugada no le salió del todo bien a la entidad teceista dado que la Ley Nº 24.052 se había derogado en 2019…
De hecho, el propio ACA, en un comunicado de prensa, se encargó de recordarlo y destacó que la ACTC intentó “atribuirse competencias que carece” al “invocar una ley derogada”.
Después de una extensa búsqueda de una normativa que le diera aval a su poder deportivo, la ACTC desempolvó a principio de este mes la Ley Provincial N° 12.391 de 2000 a través de la la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM), una omisión con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires que está integrada por representantes del Instituto Bonaerense del Deporte, Ministerio de Justicia y Seguridad, Dirección Provincial de Transporte, Administración Provincial de Vialidad, Policía, ACA, ACTC, Federación Bonaerense de Motociclismo y Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo.
Según la entidad presidida por Hugo Mazzacane, gracias a esa reglamentación, “sus categorías y federaciones recientemente integradas cuentan con el total apoyo y respaldo legal de esta institución, con las coberturas de seguros que correspondan en cada caso, ya que la práctica del automovilismo es una actividad lícita en la Argentina bajo sus reglamentos deportivos”.
Sin embargo, esa ley provincial no sería suficiente para darle el sustento nacional que quiere la ACTC a su fiscalización. Es por eso que en los últimos días, la entidad estaría moviendo sus influencias para conseguir la reglamentación que le permita ostentar el poder deportivo que tanto anhela. ¿Lo conseguirá?
