La IGJ abrió un sumario a la ACTC tras detectar irregularidades en su documentación institucional

La Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó la apertura de una actuación sumarial para investigar el funcionamiento institucional, administrativo y contable de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada el 13 de octubre por el inspector general Alejandro Horacio Ramírez, después de una denuncia presentada contra la entidad que preside Hugo Mazzacane.

La resolución tiene una particularidad: la IGJ desestimó una denuncia por falta de legitimación y pruebas suficientes, pero decidió iniciar una investigación de oficio a partir de las observaciones detectadas durante una inspección realizada en agosto.

El organismo buscará verificar la situación de los libros sociales y contables, la presentación de los balances, la inscripción de autoridades y el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de la ACTC. La medida no implica una sanción ni una intervención de la asociación, aunque deja bajo revisión distintos aspectos de su funcionamiento.

QUÉ DENUNCIÓ JULIO CÉSAR POLITANO CONTRA LA ACTC

El expediente se originó en una presentación de Julio César Politano, quien aseguró haber solicitado su incorporación como socio activo de la ACTC sin obtener una respuesta de la Comisión Directiva. Sin embargo, su denuncia incluyó otros cuestionamientos relacionados con la administración de recursos, los mecanismos de fiscalización interna y determinadas relaciones comerciales de la entidad.

Uno de los puntos más sensibles estuvo relacionado con el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Politano sostuvo que el predio estaría vinculado patrimonialmente con la familia Mazzacane y cuestionó que competencias fiscalizadas por la ACTC se disputaran allí, al considerar que esa situación podría generar beneficios económicos para empresas relacionadas con sus autoridades.

Otro de sus cuestionamientos apuntó al funcionamiento de los órganos internos de control. Politano señaló que Mariano y Jorge Ohyanart habrían ocupado simultáneamente cargos en la Comisión Directiva y en la Comisión Revisora de Cuentas, una situación que, según su interpretación, podría resultar incompatible con el Código Civil y Comercial.

Ninguna de esas acusaciones fue considerada probada por la IGJ. El organismo sostuvo que los planteos carecían de elementos objetivos suficientes para acreditar las irregularidades denunciadas. También determinó que Politano no había demostrado su condición de asociado y que la controversia sobre su incorporación debía resolverse por los mecanismos internos de la ACTC o, eventualmente, ante la Justicia.

En su descargo, la asociación rechazó los cuestionamientos y aseguró que funciona de acuerdo con su estatuto, con autoridades legalmente elegidas y sus obligaciones contables al día.

QUÉ ENCONTRÓ LA IGJ DURANTE LA INSPECCIÓN

El 12 de agosto de 2026, inspectores de la IGJ se presentaron en la sede de la ACTC, ubicada en Bogotá 166, en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los funcionarios solicitaron revisar los libros sociales, la persona que los recibió manifestó que no tenía acceso a esa documentación. Como consecuencia, los inspectores no pudieron examinar los libros ni obtener las copias requeridas.

Tampoco fue posible acceder a las actas de reuniones de Comisión Directiva correspondientes al año en curso ni a la información solicitada sobre eventuales medidas cautelares o causas penales relacionadas con las autoridades.

Otro punto observado estuvo vinculado con los estados contables del ejercicio 2023. La ACTC entregó una constancia de presentación, pero la IGJ verificó posteriormente que correspondía a un ejercicio diferente. Además, según los registros del organismo, la presentación del balance de 2023 continuaba pendiente.

La inspección también permitió identificar una situación sin resolver respecto de las autoridades. El 18 de marzo de 2026, la ACTC había presentado un trámite para comunicar la nueva integración de su Comisión Directiva. Sin embargo, el expediente permanecía observado desde el 7 de julio, sin que se hubieran realizado las subsanaciones correspondientes hasta la fecha de la resolución.

Estas circunstancias fueron consideradas suficientes para justificar una actuación de fiscalización independiente de la denuncia original.

La investigación no estará limitada a los libros y balances. La resolución también contempla obtener información sobre los autódromos donde se desarrollan las competencias, verificar el cumplimiento efectivo del objeto social de la asociación y examinar las actividades que realiza para alcanzar sus fines institucionales.

El procedimiento se fundamenta en las atribuciones otorgadas a la IGJ por la Ley 22.315 y en el artículo 392 de su Resolución General 15/2024.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA CON LA ACTC

El artículo segundo de la resolución ordena expresamente abrir una actuación sumarial para verificar la situación de la entidad, sus libros sociales y contables, la presentación de los estados contables y sus autoridades.

La investigación deberá establecer si las observaciones encontradas responden a cuestiones administrativas que pueden regularizarse o si existen incumplimientos que justifiquen otras medidas.

Por el momento, la ACTC no fue sancionada ni intervenida y sus autoridades continúan en funciones. La resolución tampoco dispone modificaciones en la organización de los campeonatos que fiscaliza.

El próximo paso será conocer qué documentación presenta la asociación y cuáles son las conclusiones del organismo una vez completada la revisión.

La distinción es importante: la IGJ no acreditó las acusaciones formuladas contra la familia Mazzacane, pero sí identificó cuestiones documentales pendientes que decidió examinar mediante una actuación formal.

Así, una denuncia que fue desestimada terminó dando lugar a una investigación administrativa sobre el funcionamiento de una de las instituciones más importantes del automovilismo argentino.