La Fiscalía de Braunschweig (Alemania) ha impuesto una multa de 1.000 millones de euros al grupo Volkswagen por la manipulación de las emisiones de gases en motores diésel.
La multa llega casi tres años después de que Volkswagen admitiese haber instalado un sistema en unos 11 millones de vehículos diésel que permitía manipular las pruebas de emisiones de gases contaminantes.
La Fiscalía de Braunschweig, que es la encargada de las investigaciones porque se encuentra cerca de la localidad de Wolfsburg, donde el grupo tiene su sede central; consideró tras sus investigaciones que se produjeron incumplimientos del deber de supervisión en la división de desarrollo de agregados relacionados con las pruebas de vehículos.
Estos incumplimientos hicieron que desde mediados de 2007 y hasta 2015, 10,7 millones de vehículos con el motor diesel EA 288 de la tercera generación en Estados Unidos y Canadá y con el motor EA 189 en otros países estuvieran equipados con una función de software ilegal, que se vendieran y que entraran en circulación.
Tras el escándalo, los políticos tanto de Estados Unidos como de Europa sometieron a un mayor escrutinio las emisiones de los vehículos diésel.
El grupo Volkswagen ha aceptado la multa, tras realizar su propia revisión, y no va a presentar recursos legales. De este modo concluye el proceso por infracción reglamentaria, lo que para Volkswagen “tendrá efectos positivos notables” sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa.
El Dieselgate obligó a la compañía a pagar acuerdos extrajudiciales, multas y modificaciones en los vehículos multimillonarias, sobre todo en Norteamérica, y ha lastrado su resultado con elevados extraordinarios. El grupo ha provisionado casi unos 26.000 millones de euros para esta crisis.
