El automovilismo argentino atraviesa un momento de tensión debido a las recientes acusaciones de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo N° 3 (FRAD N° 3) contra la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM).
En una carta extensa de siete carillas dirigida al Lic. Leandro Lurati, presidente de la COPAM, la FRAD N° 3 denuncia “gravísimas irregularidades” en el proceso de autorización de competencias, destacando que la gestión de la COPAM podría ser considerada “ilegal”.
La FRAD N° 3 argumenta que la autorización de las competencias durante una reunión llevada a cabo el 17 de julio, bajo el acta N° 863, presenta serias irregularidades. Según la carta, a la cual ha tenido acceso Automundo, el acta en cuestión sólo cuenta con cinco firmas, de las cuales dos fueron con reservas (abstención) y una fue negativa.
Esta situación, según la interpretación literal de las firmas, podría implicar que las competencias fueron autorizadas con la firma de solo dos integrantes de la COPAM. La FRAD N° 3 considera que este hecho es “claramente violatorio de toda disposición legal” y que, por lo tanto, el proceder de la COPAM es “ilegal”.
La carta también pone de relieve el conflicto en curso entre el Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) por el control del poder deportivo en la Argentina.
Este conflicto es significativo dado que ambas instituciones forman parte de la COPAM, comisión con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires que también está integrada por representantes del Instituto Bonaerense del Deporte, Ministerio de Justicia y Seguridad, Dirección Provincial de Transporte, Administración Provincial de Vialidad, Policía, Federación Bonaerense de Motociclismo y Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo.
Se recuerda que la ACTC, a pesar de su presencia en la comisión, “carece de facultades para fiscalizar cualquier evento deportivo automovilístico en la República Argentina” ya que el ACA le revocó el 21/03/2024 el poder delegado en 2001. Este detalle añade una capa adicional de controversia a la situación, subrayando la complejidad del panorama regulatorio en el automovilismo argentino.
La carta fue enviada con copias a varias autoridades clave, incluyendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; a la Secretaría de Deportes de la Nación; al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y de CABA; y a los gobernadores de las provincias que albergan competencias de la ACTC, entre otros. Esta amplia distribución subraya la gravedad de las acusaciones y la preocupación de la FRAD N° 3 por las posibles implicancias legales y administrativas.
La situación plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de las competencias automovilísticas en Buenos Aires, algo que incluso podría atentar contra la realización de la fecha del TC en el Hermanos Gálvez el próximo 18 de agosto. Mientras tanto, la comunidad del automovilismo permanece atenta a las posibles consecuencias y a las acciones que se tomarán para resolver este conflicto.
