La muerte del piloto Alfredo Picardi durante la presentación de la categoría Amigos Fiat 1.4 en el autódromo de La Plata ha sacudido profundamente al mundo del automovilismo argentino. Más allá del dolor y la pérdida de una persona que estaba haciendo lo que amaba, este incidente se produce en un contexto de tensiones y disputas por el poder deportivo en el país entre el Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), a cargo de la fiscalización del campeonato zonal en cuestión por medio de la Federación Metropolitana.
El fallecimiento de Picardi, caratulado como Homicidio Culposo e investigado por la Fiscalía 12 de La Plata, llega en un momento crítico para el automovilismo nacional con las aguas divididas entre las dos instituciones. Esta lucha tuvo su génesis a fines de 2023 cuando la ACTC sumó a sus huestes a categorías y federaciones que hasta el año pasado estaban fiscalizados por la Comisión Deportiva Automovilística del ACA.
Este avasallamiento obligó al ACA a retirarle a la ACTC el poder deportivo delegado en su momento y a calificar a sus competencias como “clandestinas” por no contar con el respaldo de la entidad miembro de la Federación Internacional del Automóvil.
La muerte de Picardi, que ocurrió el domingo por la madrugada como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente que tuvo el sábado, plantea serias repercusiones legales por tratarse de una presentación que no estaba avalada por el ACA, más allá de tener la autorización de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM).
La COPAM es una comisión creada a través de una ley sancionada en 1999 y operativa desde enero de 2000. Esta integrada por representantes de varias entidades, incluyendo el Instituto Bonaerense del Deporte, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Dirección Provincial de Transporte, la Administración Provincial de Vialidad, la Policía, el ACA, la ACTC, la Federación Bonaerense de Motociclismo y la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo.
Tras lo sucedido en La Plata, la validez de estas aprobaciones y la capacidad de la propia COPAM para garantizar la seguridad y regulación efectiva de los eventos deportivos se ponen bajo escrutinio debido que la competencia -por obvias razones- no tuvo el OK del ACA, miembro de la comisión y la máxima autoridad argentina en el deporte motor.
La posición de la COPAM para el festival automovilístico en el Mouras pone en entredicho la eficacia de las regulaciones provinciales, además de la colaboración entre las distintas entidades involucradas en la supervisión del automovilismo. Esta situación no es menor ya que, por ejemplo, libera a las empresas aseguradoras de los eventos a cumplir con sus obligaciones si así lo quisieran o incluso a no prestar sus coberturas.
La muerte de Picardi podría impulsar una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos actuales, tanto a nivel provincial como nacional. Esto, sin dudas, podría afectar el normal desarrollo de la actividad. Sobre todo en los campeonatos fiscalizados por la ACTC, consideradas “ilegales” a los ojos de la justicia.
